Una Propuesta Liberal Para La Educación En Colombia

“La función pública continúa presentando cuatro grandes fallas. La primera es una obsesión por los procedimientos y las jerarquías, y un desdén por el servicio y los resultados. Esto se ve agravado por el hábito de los gobiernos de emitir infinitos nuevos decretos y regulaciones... Los órganos de control no han podido evitar la corrupción, pero sí han inculcado el terror a la iniciativa.”

Michael Reid. El continente olvidado. 2018. Página 333.

La educación se ha vuelto un asunto aspiracional para los colombianos. Asunto que choca directamente con las capacidades reales dentro de los territorios, la disponibilidad y adecuación de la infraestructura, las coyunturas como la pandemia por COVID-19 y situaciones como el desplazamiento forzado. A continuación deseo presentar un esbozo de propuesta que podría ser útil para mejorar el acceso real de la población a sistemas educativos que permitan a las comunidades desarrollarse.

¿Para qué educar?

Ejemplificando al respecto, podría empezar por revisar el Índice de Desarrollo Humano por departamentos revisado a 2018, donde encontramos serias diferencias. Mientras que el distrito capital de Bogotá se encuentra con 0.771 en el índice de ingresos y con 0.768 en el índice educativo, departamentos como Vaupés aparecen con un índice de ingresos de 0.527 y un índice educativo de 0.6111. Allí vemos una radical diferencia entre lo que los habitantes de una y otra parte pueden disfrutar.

En cuanto a educación para el trabajo, se ha subvalorado tanto en nuestro país que se le ha dado mayor relevancia a las instituciones de educación superior, v.g.; universidades. Es decir, cómo dirían las abuelas: “Mucho cacique y poco indio”. Estas son oportunidades perdidas especialmente en una región tan cercana a los Estados Unidos que podría proveerles abundante mano de obra a precios accesibles y recibiendo a cambio una buena remuneración.

Esfuerzos como el que realiza el Instituto Técnico Central, un instituto estatal, que ha acercado a sus estudiantes al mundo del trabajo, se vuelven mínimos frente a las necesidades de los jóvenes, que en su mayoría se ven en la delicada situación entre ingresar a la economía informal o morirse de hambre. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, los menores de 18 años son el 35 % de la población desplazada, que corresponde a 2’279.576 personas, de las cuales el 22 % son menores de 5 años, es decir 503.323, y el 42.88 % son niños entre 6 y 12 años, es decir 977.660, y todo esto teniendo en cuenta que el 87 % de los desplazados son de zonas rurales.

Una propuesta liberal: Redes de colegios concesionados y públicos

Los colegios en concesión son una vieja práctica en Colombia. En parte se debe a su normativa. En Bogotá ha sido más usual este modelo, el cual se comenzó a implementar en el año 1999. Algunas quejas sobre la aplicación del modelo han sido las condiciones laborales de los profesores en cuanto a horarios y duración de los contratos, que incluso dificulta el hecho de que los profesores puedan hacerse a un empleo adicional.

En Colombia también ha generado inconformidad la primacía de la reducción de costos de los colegios en concesión frente a los colegios públicos tradicionales. Otros de los problemas del sistema en Colombia, es el de la sobre-oferta del profesorado, la cual facilita que sea más barata la mano de obra de ellos. Esto los hace más proclives a aceptar contratos por montos menores y con mayores exigencias laborales, sumado a la gran rotación de personal. A ello se añade la exigencia de horas extra voluntarias a los profesores.

Pero esta situación podría ser diferente, replanteando ciertos aspectos del modelo, como los son los distritos escolares nodales.

Ya hay un planteamiento inicial de red escolar gracias a las Secretarías de Educación departamentales, distritales y municipales, entidades rectoras locales del sector. Sin embargo, este modelo podría complementarse con la creación de redes y subredes o distritos educativos que permitan terminar de hacer la transición hacia un gobierno en red.

Otros retos son: aumento de la capacidad administrativa, aumento de la colaboración público-privada involucrando más al sector de Entidades Sin Ánimo de Lucro, mayor apoyo en la tecnología para fomentar la colaboración entre entidades -ayudando a disminuir la asimetría de información y fomentando el accountability- e incrementar el control ciudadano sobre la provisión de la educación.

También va de la mano de administrar adecuadamente esa tensión entre la competencia y la colaboración, pues constituyendo estas redes hay entidades que usualmente compiten por mercados y recursos en otro sector que deben colaborar en este proyecto.

Otra meta: apuntar a la flexibilización máxima del sistema y a la generación de respuesta diferenciada para comunidades indígenas y afros, por ejemplo, y que así los procesos educativos no terminen contraviniendo y erradicando las cosmovisiones locales. Más aún con los 115 pueblos indígenas identificados a 2018 en Colombia. También se requiere aumentar los controles entre los mismos miembros y los puntos de contacto de la red mediante oferta diversa de servicios complementarios con los ciudadanos para facilitar el control social.

En el libro Gobernando en Red, se plantean las siguientes preguntas que pueden orientar al fabricante de política pública: “¿Qué metas quiere lograr el gobierno? ¿Qué herramientas serán usadas para formar y activar la red? ¿Quiénes son los socios más apropiados para ayudar al gobierno a cumplir sus metas? ¿Cómo debería estar diseñada la red según las metas que se están persiguiendo? ¿Cómo debería estar administrada y gobernada la red?

Tal vez esto no cambie el mundo, pero puede ser un comienzo para pensar la educación distinta y adecuada a las necesidades existentes en cada contexto del culturalmente diverso país que tenemos.

1 Fuente: https://globaldatalab.org/shdi/2018/indices/COL/?levels=4&interpolation=0&extrapolation=0&nearest_ real=0